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Madrid- El gran acuerdo alcanzado ayer en el Congreso (sólo se abstuvieron PNV y ERC) choca con las quejas de las dos partes afectadas, que han mantenido hasta el último minuto las espadas en alto. Por un lado está la industria cultural (asociaciones de autores y entidades de gestión) y, por otro, los consumidores y la industria tecnológica, es decir, fabricantes de soportes y equipos. Este cambio parcial de la ley -que supone una adaptación de la directiva europea sobre la Sociedad de la Información y que llega con tres años de retraso- es un anticipo de la reforma integral del texto, que no podrá ser aprobada en esta legislatura, tal y como preveía el Gobierno. Éstas son las claves de los cambios de la ley.
Canon digital
Es el punto fundamental de la reforma y, por tanto, el más polémico. El canon es una cantidad fija que las entidades de gestión cobran como compensación por las copias privadas que el consumidor hace de obras protegidas con «copyright». Desde 1992 se aplica a casetes y cintas de vídeo, y en 2003 se extendió al CD y al DVD. A partir de ahora se implanta a soportes digitales, es decir, un MP3, teléfono móvil, escáner, impresora, lápiz de memoria, PDA, etc. Cualquier «soporte idóneo», matiza la ley, que sirva para reproducir o transmitir una obra se verá afectado por esta compensación, que podría oscilar entre el 30 y el 50 por ciento del coste del producto, según diversas fuentes.
Tarifas
La lista de soportes afectados por el canon y la cantidad del mismo se acordará tras una negociación entre las entidades de gestión y los fabricantes de tecnología (tienen cuatro meses para comunicar el acuerdo). La compensación económica deberá ser proporcional al coste final del aparato sobre el que recae. Y si no hay acuerdo, será la Comisión de Propiedad Intelectual, formada por los Ministerios de Cultura e Industria, la que fijará las tarifas. No obstante, el arbitraje del Gobierno no cierra la posibilidad de un posterior recurso judicial. Este aspecto ha irritado especialmente a las entidades de gestión y asociaciones de autores. Se quejan porque a partir de ahora no podrán fijar el precio de forma unilateral.
Comisión arbitral
Existe en la actualidad, pero ha sido ineficaz, según reconocen desde uno y otro lado. Sobre todo porque sólo se podía pronunciar cuando ambas partes estuvieran de acuerdo, cosa que pocas veces sucedía. Con el nuevo texto, la Comisión de Propiedad Intelectual podrá actuar a petición de cualquiera de los dos lados afectados. Antes de acudir a un tribunal será preceptivo pasar por este órgano, aunque su dictamen no es vinculante.
Press-Clipping
Se reconoce el derecho de «cita» para las «recopilaciones periodísticas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa», trabajo que realizan las llamadas empresas de «press-clipping» o resúmenes de prensa. Sin embargo, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha manifestado su oposición, ya que estas empresas se «lucran de forma gratuita» con contenidos que no son de su propiedad. Además, la ley añade que «cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a recibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite».
Sistemas anticopia
La ley regula la instalación de los dispositivos tecnológicos que impiden al usuario hacer una copia privada. Muchos CD y DVD ya tienen instalado estos sistemas. La Asociación de Internautas y otros colectivos de consumidores critican la contradicción de la ley en este punto. «Si se puede hacer una copia privada para uso doméstico es ilegal que un disco o un DVD lleve un sistema anticopia», asegura Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas. Ante esta paradoja, el usuario puede recurrir a vía judicial para reclamar, según la ley.
ADSL y discos duros
Las líneas de banda ancha o ADSL quedan exentas del canon. Por ahora. El ministro de Industria, José Montilla, ha abortado cualquier intento de extender el canon a este tipo de conexiones porque considera que el encarecimiento de estos servicios supondría un freno para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Queda, por tanto, relegado el espinoso asunto del intercambio gratuito de ficheros P2P, auténtica lacra para la industria de contenidos culturales, es decir, la gestión de los derechos de autor en internet tendrá que esperar. La ley también deja fuera al disco duro; no sucede lo mismo con otros soportes que llevan incorporados discos duros, desde un lápiz de memoria a una agenda electrónica.
Los autores, satisfechos. Se generalizan los derechos ante cualquier supuesto o modalidad de comunicación pública, es decir, los autores amplían los conceptos que implican el pago de derechos de autor.
Goyo García Maestro - La Razón
La Ley de Propiedad Intelectual, que consagra y amplía el canon a favor de los autores sobre los soportes digitales, desde CD a reproductores de MP3, es desde ayer una realidad. El Congreso aprobó, con la abstención de ERC y PNV, una norma que ha generado una gran polémica entre autores, productores, distribuidores, radios, televisiones y asociaciones de usuarios. Tras los últimos retoques en el Senado, las que se muestran más satisfechas son las sociedades de gestión de derechos de autor. A pesar de la oposición de usuarios -se recogieron más de 100.000 firmas- y algunos expertos, el canon fue apoyado por el PSOE y el PP, que lo defendieron como la única manera de garantizar el equilibrio entre el avance de la tecnología y los derechos de los autores.
El largo debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha estado marcado por un evidente choque de intereses entre la industria, los autores y los usuarios. Los partidos han tenido que optar sabiendo que estaba en juego mucho dinero, y que casi cada artículo podía suponer un ingreso o una pérdida extraordinaria para cualquiera de los sectores implicados que, según fuentes de la negociación, han presionado constantemente a los legisladores.
Los usuarios decidieron batallar contra la ampliación del canon que ya existe sobre soportes analógicos a los digitales. Más de 100.000 firmas que pedían su abolición llegaron al Senado, mientras la Sociedad General de Autores (SGAE) insistía en la oportunidad de ampliar ese canon. Finalmente, los principales grupos políticos, especialmente el PP y el PSOE, han apoyado la existencia del canon, lo que satisface a las sociedades de gestión de derechos.
La ley de Propiedad Intelectual, que debía ser modificada para incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria del 22 de mayo de 2001, fija con mucho detalle el canon para los soportes analógicos. En las fotocopiadoras, por ejemplo, el canon es de hasta 200 euros por cada equipo con capacidad de realizar más de 50 copias al minuto. Para las tradicionales casetes, por ejemplo, el canon es de 0,18 euros por cada hora de capacidad de grabación, y para las cintas de vídeo, de 0,30 euros por hora. Con el soporte digital, la ley da a las partes (sociedades de gestión y fabricantes) un plazo para pactar la lista de soportes sometidos al canon y su cuantía. Si no llegan a un acuerdo, será la Administración la que la fije. En el texto, la Administración ya adelanta algunos criterios (0,6 euros un cedé), y aclara que siempre es ella quien debe aprobar las tarifas. La norma establece algún criterio para fijar los importes como que "deberán ser proporcionados económicamente respecto del precio medio final al público de los mismos".
Este canon ha sido muy polémico. Hasta el punto de que el Ministerio de Industria pidió un informe a expertos cuyas conclusiones solicitaban su eliminación. "El canon de copia privada es un sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto", fue el análisis rotundo de la Comisión Asesora de la Sociedad de la Información, un equipo dirigido por el catedrático Manuel Castells, uno de los principales expertos mundiales en la materia.
Castells y sus colaboradores concluyeron que el canon es "injusto e indiscriminado, no frena la piratería y nos hace responsables a todos de ella". El catedrático llegó aún más lejos: "El canon puede afectar seriamente al desarrollo de la sociedad de la información". La Comisión se quejó de que se tienda a "mezclar y confundir" la copia privada con la piratería y subrayaba: "Lo más razonable sería la supresión pura y simple del canon". "Lo que queremos es abrir un debate sobre cómo gestionar los derechos de autor en un mundo digital, y no medieval", explicó Castells, que también utilizó datos para refrendar su tesis: los ingresos de las entidades de gestión por copia privada pasaron de 31 a 114 millones de euros entre 2002 y 2004, lo que supone un incremento del 267%, mientras que en Europa la cifra rondó el 85%. La SGAE ha rechazado tanto la argumentación como los datos.
En el debate de ayer en el Congreso sobre las enmiendas que habían llegado del Senado y, por tanto, justo antes de la aprobación definitiva de la ley, Antón Louro, el portavoz socialista, parecía responder a ese dictamen de Castells que, finalmente, no ha sido escuchado: "Es necesario abandonar un falso debate que debemos superar. Se trata de la supuesta confrontación entre los derechos de autor y el desarrollo de la sociedad de la información. Nada más lejos. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura multiplican las oportunidades para creadores y productores culturales, pero también hay que decir que la sociedad de la información precisa de contenidos que no son posibles sin los creadores y los productores. La aprobación de esta ley supone reconocer más derechos a los creadores y a los autores y establecer compensaciones a los titulares de los derechos. Es una apuesta por la cultura y los creadores".
El argumento de la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones fue similar al del PSOE: "Esta ley es de propiedad intelectual, y aunque hemos intentado mantener el equilibrio indispensable en toda la cadena del sector cultural que va de los productores a los ciudadanos, hemos dado prioridad a la defensa de esta propiedad todavía muy difícil de entender, sobre todo en nuestro país, y sujeta a mucha demagogia".
Los diputados que han trabajado la ley reconocen que el canon por copia privada (la que cada uno se hace en su casa para su propio uso) puede ser injusto para muchos usuarios que compran soportes pero no para copiar obras registradas (la compra de un CD para guardar las propias fotos digitales, por ejemplo). Sin embargo, los legisladores piensan que el canon sigue siendo la única manera de compensar a los autores mientras no se desarrolle la tecnología necesaria para controlar las copias privadas a las que, en España, tiene derecho el usuario.
El PP y el PSOE también estaban de acuerdo, y así lo habían aprobado en el Senado, en modificar el artículo 90.4 ampliando los derechos económicos en la comunicación audiovisual de los autores. Las televisiones, entre otros sectores, se oponían a esta medida, y el PP se descolgó del acuerdo a última hora, pero la enmienda salió aprobada.
Carlos E. Cué - El País
El Pleno del Congreso dio ayer luz verde definitiva al proyecto por el que se modifica el texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual. La nueva norma contó con un respaldo mayoritario en la Cámara Baja. PSOE, PP, CiU, IU y Coalición Canaria votaron a favor, mientras ERC y PNV se abstuvieron.
La mayoría de las enmiendas introducidas en el Senado, que fueron ratificadas ayer en el Congreso, mantienen las líneas generales del polémico texto. El punto más controvertido de la nueva ley establece un canon por el uso de soportes digitales (excepto discos duros y ADSL) como remuneración compensatoria a los autores por copia privada. La industria electrónica y los consumidores se han opuesto a esta medida y las entidades de gestión de derechos de autor la apoyan.
Durante el debate en el Pleno, la mayoría de los grupos parlamentarios intentaron quitar hierro a la polémica. El diputado socialista Antón Louro recordó que el objetivo del proyecto es incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre la sociedad de la información y mostró la satisfacción de su grupo por «el resultado de la tramitación parlamentaria, el esfuerzo de diálogo y voluntad de entendimiento y los acuerdos alcanzados».
Para Beatriz Rodríguez-Salmones, del PP, la reforma sale «muy mejorada» del trámite parlamentario y consigue un equilibrio que «ayuda a superar enfrentamientos» en un momento crítico para la propiedad intelectual por culpa de la piratería. Jordi Vilajoana, de CiU, aplaudió el texto porque «se ha escuchado a todos», motivo por el que «la ley consigue, en buena parte, un marco equilibrado». Gaspar Llamazares, en nombre de IU, destacó que la reforma es positiva en términos generales.
Por el contrario, los diputados de ERC y PNV, Joan Tardá y Aitor Esteban, respectivamente, coincidieron en atribuir la abstención de sus grupos a la falta de respeto del proyecto por las competencias autónomicas.
El nuevo texto presenta como novedad «inmediata» el trasladar a un marco legal los acuerdos establecidos ya, «de manera pactada» entre las distintas partes, explica a ABC Rodríguez Salmones. «Se han regulado tanto los derechos nuevos como las obligaciones del mundo digital». Trasladándose a este tipo de soportes lo que ya se venía haciendo en el mundo analógico (vídeos, casetes) desde 1992. Según la portavoz de Cultura del PP, «las tarifas de este canon por copia privada no han variado inicialmente aunque deben ser estudiadas de manera conjunta por los ministerios de Cultura e Industria, que también deberán ponerse de acuerdo, «en los próximo tres meses», en la definición de «lo qué se considera disco duro», que en esta reforma ha quedado exento de pagar el canon por copia privada.
El artículo 25 del nuevo texto fija como soportes «idóneos» de pagar el canon, además de los CD y DVD vírgenes, los reproductores MP3, teléfonos móviles multimedia, escáneres, impresoras o lápices de memoria.
Avalancha de críticas
Las críticas no se han hecho esperar. Entre ellas, la de la Plataforma Todoscontraelcanon, que reúne a usuarios, internautas, sindicatos y asociaciones empresariales, que pide «sentido común» en la tarifas del canon y denuncia que es «injusto establecer un gravamen de forma indiscriminada» y que sean los propios «beneficiarios» quien lo fijen, indicando que son los autores quienes quieren fijar el precio dependiendo de la capacidad de los soportes, informa Efe. Por otra parte, mientras los internautas critican el «endurecimiento» del sistema de compensación, la industria, en su caso la empresa Business Software Alliance, considera «insuficiente la nueva ley sin una política de concienciación social en torno al valor del software».
La SGAE fue la única entidad que se mostró ayer favorable al considerar que el nuevo texto deja «meridianamente claro» que todos «los dispositivos y soportes idóneos para almacenar obras protegidas» están gravados por el canon, incluido el MP3. Por último, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, convaleciente todavía de una operación, afirmó ayer a Efe telefónicamente que con este texto «el creador español es seguramente el más protegido de Europa».
J. L. Llorente - ABC
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